Chile cerrará 2026 con un crecimiento muy inferior al que se esperaba a comienzos de año.
El Banco Central redujo en septiembre su proyección de crecimiento desde 1%-1,75% a apenas 0,25%-0,75%. La Encuesta de Expectativas Económicas de octubre fue incluso más severa: la mediana de los especialistas consultados espera actualmente un crecimiento de 0,2% para 2026.
El último Imacec disponible tampoco permite ignorar el problema. En agosto la actividad cayó 1% respecto del mismo mes de 2025. Parte importante se explica por una contracción de 17,4% de la minería (el Imacec no minero creció 1,4%), de modo que tampoco sería correcto describir una economía uniformemente en recesión. Pero la tendencia general es débil.
El mercado laboral entrega una señal todavía más preocupante: 9,6% de desempleo, caída de 0,9% en el número de ocupados y disminución de 2,9% de los asalariados formales en doce meses.
Estos datos deberían devolver una cuestión al centro de la discusión pública: Chile necesita crecer más.
No como eslogan ni como sustituto de otras prioridades sociales. Como condición para poder financiarlas y sostenerlas.
Claro, crecer no resuelve todo, pero no crecer limita casi todo
Una economía que crece poco puede redistribuir recursos, modificar impuestos, crear nuevos derechos o aumentar transferencias. Pero cada una de esas decisiones opera sobre una base productiva determinada.
Sin mayor inversión, productividad y creación de empleo formal, las alternativas terminan siendo más estrechas: menor crecimiento de salarios reales, menor recaudación estructural, menor capacidad para financiar políticas públicas y mayor conflicto por distribuir recursos que aumentan lentamente.
Sin duda el crecimiento por sí solo no garantiza una mejor distribución, ni una buena política social. Eso depende de otras decisiones institucionales.
Pero tampoco existe una oposición razonable entre crecimiento y protección social. Una economía capaz de producir más dispone de mayores opciones para financiar bienes públicos, aumentar remuneraciones y absorber estándares regulatorios más exigentes.
Por eso el crecimiento debería dejar de tratarse como una preocupación sectorial de empresarios y economistas.
Es un problema de país.
La inversión vuelve a ser la variable decisiva
El propio Banco Central estima que la formación bruta de capital fijo disminuirá 0,3% durante 2026. Para 2027, en cambio, proyecta un incremento de 8,1%, asociado en parte al impulso de la reconstrucción y a otras medidas de inversión.
La diferencia es importante.
Sin inversión puede existir recuperación coyuntural, pero difícilmente se amplía de manera permanente la capacidad productiva.
Aquí el Derecho importa bastante más de lo que suele reconocerse.
Un proyecto de inversión depende de impuestos y financiamiento, pero también de permisos, plazos administrativos, reglas ambientales, relaciones laborales, acceso a infraestructura, contratos, judicialización y estabilidad regulatoria.
Cada una de esas reglas puede responder a un objetivo legítimo.
El problema aparece cuando nadie observa su efecto acumulado.
Una obligación laboral puede ser razonable. Una exigencia ambiental también. Lo mismo una nueva obligación de compliance, un permiso sectorial o una carga tributaria. Pero una empresa decide invertir considerando el conjunto: costo, plazo, incertidumbre y posibilidad de obtener retorno.
La política pública debería hacerlo también.
No se trata simplemente de regular menos
Por otra parte, un país con reglas débiles, contratos inciertos, mercados poco competitivos o instituciones impredecibles tampoco genera buenas condiciones para invertir.
La cuestión no es elegir entre regulación y crecimiento.
Es regular mejor.
Eso supone reglas comprensibles, objetivos definidos, plazos razonables, coordinación entre organismos públicos y estabilidad suficiente para que una inversión que requiere cinco, diez o veinte años pueda ser evaluada con alguna certeza.
La Ley N°21.770 sobre autorizaciones sectoriales apunta precisamente a uno de estos problemas al intentar ordenar procedimientos, establecer plazos y racionalizar la tramitación de permisos. Su verdadero resultado, sin embargo, dependerá de la implementación efectiva del sistema y no simplemente de la publicación de la ley.
Éste debería ser un criterio más general.
Cada nueva regulación económica relevante debería responder no sólo qué problema pretende solucionar, sino también cuánto cuesta cumplirla, cuánto demora implementarla, cómo interactúa con las obligaciones ya existentes y qué efecto puede producir sobre inversión, productividad y empleo formal.
Eso no debilita la regulación. Mejora su calidad.
El empleo también depende de esta discusión
El desempleo de 9,6% no puede analizarse aisladamente del crecimiento.
Las empresas contratan sostenidamente cuando esperan producir y vender más. Si las expectativas de crecimiento son débiles, si la inversión se posterga o si aumentar capacidad implica asumir costos e incertidumbres difíciles de revertir, la contratación también se resiente.
La relación no es mecánica, pero existe.
Una agenda pública con una pregunta adicional
Chile discute permanentemente pensiones, salarios, jornada, impuestos, permisos, medio ambiente, seguridad, salud, educación y protección social.
Debe seguir haciéndolo, sin duda alguna.
Pero a esa discusión le falta con frecuencia una pregunta transversal:
¿Esta decisión contribuye o dificulta que dentro de cinco años Chile produzca más, invierta más y genere más empleos formales?
No debería ser la única pregunta. Pero debería estar siempre presente.
Las políticas públicas tienen objetivos que pueden justificar costos económicos. Lo relevante es conocer esos costos, compararlos con los beneficios y evitar que distintas decisiones, razonables por separado, terminen produciendo colectivamente un resultado que nadie buscó.
Ese análisis debe estar en todos nuestros legisladores y ciertamente en la administración de turno.
Una norma laboral es también una decisión económica. Una regulación ambiental puede afectar inversión. Un sistema tributario modifica incentivos. La demora administrativa tiene costo financiero. La certeza jurídica reduce riesgo. La competencia impulsa productividad. La infraestructura modifica rentabilidad.
El Derecho no está fuera del crecimiento. Es parte de la infraestructura que puede facilitarlo o dificultarlo.
La prioridad
El Banco Central todavía proyecta una recuperación para 2027 y 2028, con crecimiento entre 2%-3% y 2,25%-3,25%, respectivamente. Pero esas proyecciones descansan, entre otros factores, en una recuperación importante de la inversión.
No deberíamos conformarnos con esperar que ocurra.
Chile necesita recuperar una conversación política más exigente sobre crecimiento, productividad e inversión. No para abandonar estándares sociales ni ambientales, sino para entender que cada obligación permanente requiere una economía capaz de sostenerla.
El crecimiento económico no es el único objetivo de un país.
Pero cuando el crecimiento prácticamente desaparece, termina condicionando casi todos los demás.
Por eso debería volver a ocupar un lugar central en nuestras decisiones públicas.